(MPPPST – 30 de abril del 2025) – En un acto significativo celebrado en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dio inicio formal al Diplomado en Derecho del Proceso Social de Trabajo. Esta iniciativa, fruto de un convenio interinstitucional, cuenta con la participación de autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) y del propio TSJ, así como de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). El diplomado tiene como objetivo principal robustecer las competencias de los profesionales que se desempeñan en el ámbito laboral.
La jornada inaugural contó con las palabras de bienvenida de la Presidenta del TSJ, Magistrada Caryslia Rodríguez, quien resaltó la trascendencia de la formación continua en este sector crucial. Seguidamente, el Magistrado de la Sala Electoral y Coordinador de Relaciones Universitarias y Académicas del TSJ, Magistrado Inocencio Figueroa, compartió su visión sobre el impacto que tendrá este programa de formación.La clase magistral inaugural, titulada «Visión Social y Política del Derecho del Trabajo en Revolución», fue impartida por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Germán Eduardo Piñate. Durante su intervención, el Ministro Piñate enfatizó la relevancia de la normativa laboral vigente, incluyendo la Constitución de 1999, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012.
Un hecho destacado de este lanzamiento fue la participación masiva de más de 3.000 trabajadoras y trabajadores de todo el territorio nacional, quienes se conectaron en línea a través de la plataforma Zoom, evidenciando el notable interés y compromiso con su formación en materia de derechos laborales. Este Diplomado en Derecho del Proceso Social de Trabajo tiene como meta primordial desarrollar habilidades prácticas y analíticas para la resolución de conflictos laborales, garantizando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y promoviendo la justicia social.
Esta iniciativa contribuye al fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho que propone la Constitución venezolana, reafirmando el compromiso de las instituciones con la formación y capacitación de los servidores públicos en el ámbito laboral.