Caracas, 2 de octubre de 2015 (MPPPST).- El 4 de octubre de 1982, se escribió una de las páginas más oscuras de la historia de Venezuela. Ese día, 23 jóvenes, integrantes del Frente Américo Silva del entonces movimiento Bandera Roja, fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado, del gobierno del presidente de ese entonces Luis Herrera Campíns.
El objetivo del gobierno socialcristiano fue exterminar por completo a las organizaciones revolucionarias que pudieran presentar alternativas de cambio ante la crisis de la democracia burguesa puntofijista.
400 funcionarios y efectivos, formaron parte de la operación en la que aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y dispararon artillería pesada contra el campamento revolucionario, en la zona de Changurriales, cerca de Cantaura, municipio Freites del estado Anzóategui. Las víctimas de esta salvaje represión por parte de los cuerpos de seguridad y de inteligencia de la cuarta república, dieron como resultado 23 muertos y 22 sobrevivientes.
Esta actuación militar en Cantaura, obedecía a un esquema represivo que los Estados Unidos realizó en todo el continente, como parte de su política destinada a garantizar, a costa de vidas ajenas, lo que considera sus “intereses”. Este tipo de operaciones data desde principios de la década de los 60.
Los ejércitos y las policías de América Latina trabajaban, bajo indicaciones del Departamento de Estado y la CIA, generando matrices de opinión negativas para fomentar un rechazo hacia los movimientos opuestos al orden capitalista.
Estos hechos violentos ocurridos en Cantaura no fueron investigados por los tribunales de la época, fueron ignorados conscientemente por jueces y funcionarios, al igual que otras masacres como la de Yumare (1986), El Amparo (1988) y el Caracazo (1989).
Veintitrés años después, en 2005, el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías, en su programa televisivo Aló Presidente, exigió a las autoridades venezolanas competentes que reabrieran la investigación de esta masacre. “Hago un llamado a los poderes del Estado y a los representantes de esos poderes a asumir estos casos emblemáticos de cómo actuaban los gobiernos de la IV República en materia de persecución, asesinato y desapariciones forzadas”, puntualizó el líder de la Revolución Bolivariana.
El presidente Chávez solicitó para ese entonces la búsqueda de todos los datos y de la masacre de Cantaura. “Debemos buscar toda la información que podamos, que pueda estar en archivos y que pueda estar en documentos para que haya justicia”, aseveró Chávez.
Hasta el año 2011 la Fiscalía General de la República había promovido la exhumación de 21 de los 23 asesinados en Cantaura, encontrando que todos ellos tenían tiros de gracia, indicando esto que habían sido rematados con disparos en el mismo sitio del combate.
Dentro de las actuaciones adelantadas por el Ministerio Público en el caso de la masacre de Cantaura, ha sido citado en carácter de imputado en agosto de 2013 el Teniente Coronel del Ejército Ismael Antonio Guzmán, quien comandaba el Batallón de Cazadores «Coronel Vicente Campo Elías N° 63». También han sido citados a declarar como imputados Remberto Uzcátegui Bruzual, ex director de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y José Domínguez Yépez, ex director de Inteligencia de la Disip.
Al cumplirse los 29 años del hecho, en el año 2011, la Asamblea Nacional aprobó rendir tributo a los caídos, todos los 4 de octubre, para honrarlos y preservar la memoria histórica del país, ocultada y desvirtuada durante los 40 años de gobiernos de la cuarta república.
Reportó: Carlos Palacios
Foto: Cortesía MINJuventud