Gobierno Bolivariano extiende inamovilidad laboral para 2015
El Gobierno Bolivariano extendió la inamovilidad laboral y protección al trabajo hasta el 31 de diciembre de 2015, mediante el decreto presidencial 1.583 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.168 del 30 de diciembre de 2014, ratificando así la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y público.
El decreto, vigente desde el pasado 1º de enero, establece que “los trabajadores y trabajadoras amparados por el presente Decreto no podrán ser despedidos, despedidas, desmejorados, desmejoradas, trasladados o trasladadas sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción”.
Asimismo, reza que “en caso que el trabajador o la trabajadora protegido o protegida por este Decreto sea despedido, despedida, desmejorado o desmejorada sin justa causa, trasladado o trasladada sin su consentimiento, podrá denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida”.
La inamovilidad laboral abarca a trabajadores a tiempo indeterminado a partir de un mes al servicio de un patrono o patrona; contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato, y quienes trabajen para una obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o parte de la misma que constituya su obligación.
Quedan exceptuados del presente Decreto los trabajadores y trabajadoras que ejerzan cargos de dirección y los trabajadores y trabajadoras de temporada u ocasionales.
El decreto no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos o patronas, por una parte, y trabajadores y trabajadoras, por la otra, para lograr la reducción de personal o la modificación de condiciones de trabajo, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
La medida tiene como finalidad proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz.
El 31 de diciembre de 2014, el presidente de la República, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta de Twitter que la decisión tiene como finalidad garantizar el derecho al trabajo como base para la recuperación económica.